Reversar el salario hoy, aunque técnicamente pudiera ser lo correcto, sería muy difícil de explicar.
La suspensión del decreto que fijó el aumento del salario mínimo en cerca del 23% reabre una discusión que el país ha intentado esquivar.
Según múltiples expertos laborales y fiscales, el incremento no debió darse en esos términos ni con esa magnitud. No porque los trabajadores no necesiten mejores ingresos, sino porque la ley y la técnica económica exigen criterios de productividad, inflación y sostenibilidad que no se pueden ignorar sin consecuencias.
El daño, sin embargo, ya está hecho. El aumento empezó a pagarse, las expectativas se generaron y la señal política se envió. Reversarlo hoy, aunque técnicamente pudiera ser lo correcto, sería muy difícil de explicar y terminaría atizando la hoguera política que nos empuja a polarizarnos.
Colombia no necesita más gasolina en ese incendio. Sostenerlo, en cambio, obliga a reconocer la realidad: el facilismo del populismo se aplaude en el presente y se cobra en el futuro. Ese cobro puede tomar la forma de menor contratación formal, más informalidad, mayor presión sobre precios y un clima de inversión más frágil.
La mayoría de los ocupados en Colombia no gana exactamente el salario mínimo y más de la mitad trabaja en la informalidad. Para millones no hubo aumento, pero sí habrá efectos indirectos en el costo de vida y en oportunidades de empleo.
Cuando los salarios suben desconectados de la productividad, el ajuste llega por otras vías y casi siempre golpea a quienes tienen menos margen. Lo que sigue no debería ser una pelea de trincheras, sino una conversación seria sobre reglas de juego.
El país, el sector productivo y el próximo Congreso deben acordar condiciones de estabilidad para las empresas y para sus empleados, fomentar la inversión local y extranjera y construir un sistema fiscal menos vulnerable a decisiones coyunturales. En un entorno donde la confianza es escasa, la estabilidad se vuelve un activo económico: sin ella, se frena la inversión y se encarecen crédito y empleo.
Durante décadas intentamos blindar decisiones técnicas del Ministerio de Hacienda y de otras instituciones frente a la presión política del Legislativo, para protegerlas del clientelismo, aunque ese objetivo no siempre se cumplió.
Hoy aparece el riesgo contrario: un Ejecutivo con demasiado poder para ignorar advertencias, tensionar las finanzas públicas, incumplir recomendaciones de los comités técnicos y buscar atajos por decreto, incluso promoviendo emergencias económicas que terminan pareciendo fabricadas por su propia improvisación. Por eso la responsabilidad ahora es del Congreso que viene.
Hay que exigirle que legisle en lo importante: seguridad jurídica, seguridad física y seguridad fiscal. También que promueva un marco laboral y tributario que facilite la formalización, reduzca barreras a la contratación y premie a quien invierte y genera empleo.
Si queremos que el salario suba de verdad, el país necesita más productividad, más competencia, más educación pertinente y más empresas creciendo, no más decretos que prometen lo que la economía no puede sostener.
Los países que lograron salarios altos y una clase media robusta no lo hicieron con atajos. Lo hicieron con políticas consistentes que dieron certidumbre por años, no por semanas. Ese es el cambio cultural que Colombia debe recuperar.
Mantener el aumento hoy puede evitar un choque inmediato. Aprender la lección es indispensable para que la prosperidad vuelva a construirse, y no a decretarse.
Y para que la discusión pública vuelva a premiar la seriedad sobre el aplauso fácil, antes de que el costo lo paguen los mismos de siempre.
JAIME PUMAREJO HEINS
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/aplausos-costosos-488610
