La novela sobre el futuro del ahorro de los trabajadores en Colombia parece estar lejos de acabarse por cuenta de la pelea jurídica alrededor de la reforma pensional que todavía mantiene en juego cerca de $5 billones que podrían pasar desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, pese a la suspensión parcial que enfrenta el Decreto 415 de 2026.
Aunque el Consejo de Estado frenó temporalmente el traslado de $20 billones correspondientes a afiliados que aún no cumplen requisitos para pensionarse, el capítulo relacionado con pensionados ya reconocidos continúa vigente y mantiene presión sobre el sistema.
El debate tomó fuerza en los últimos días, luego de que el Gobierno Nacional radicara un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para intentar revertir la medida cautelar expedida el pasado 28 de abril. La acción fue presentada por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el objetivo de reactivar plenamente el decreto que reglamenta parte de la reforma pensional y permite el traslado masivo de recursos desde los fondos privados hacia el régimen público.
En el centro de la controversia está el Capítulo 5 del Decreto 415, que ordenaba el traslado inmediato de recursos correspondientes a afiliados que cambiaron de régimen, pero todavía no cumplen con la edad ni las semanas necesarias para pensionarse. Esa sección fue suspendida provisionalmente tras la presentación de 13 demandas, entre ellas acciones impulsadas por Asofondos junto con AFP como Porvenir, Protección, Skandia y Colfondos.
Los $5 billones que siguen en juego en Colpensiones
Aunque la suspensión frenó el traslado de cerca de $20 billones, el Gobierno todavía podría recibir otros $5 billones asociados a aproximadamente 20.000 pensionados que ya consolidaron su derecho pensional. Esa parte corresponde al Capítulo 6 del decreto, considerado jurídicamente más sólido porque involucra obligaciones pensionales ya reconocidas y pagos inmediatos de mesadas.
El decreto establece que el 50% de esos recursos debe transferirse en un plazo de 20 días y el restante dentro de los 10 días siguientes. Bajo ese calendario, las AFP tendrían hasta el próximo 14 de mayo para realizar parte de los giros hacia Colpensiones. La discusión, por tanto, ya no se concentra únicamente en los recursos suspendidos, sino en el dinero que todavía podría llegar al régimen público pese al choque judicial.
Desde el Gobierno, el argumento central es que Colpensiones necesita contar con esos recursos para responder al pago de mesadas de quienes ya hacen parte del sistema público, mientras que el Ejecutivo sostiene que la medida responde a una necesidad operativa y financiera derivada de la implementación de la reforma pensional y defiende que el decreto se ajusta a la legalidad vigente.
Se acaba el tiempo para girar la plata
Aunque el Consejo de Estado suspendió parcialmente el Decreto 415 de 2026, todavía siguen en juego cerca de $5 billones que las AFP tendrían que girar a Colpensiones antes del próximo jueves. Estos recursos corresponden a afiliados que ya consolidaron su derecho pensional y hacen parte del capítulo del decreto que aún permanece vigente, pese a las más de 12 demandas y solicitudes de medida cautelar que siguen bajo revisión judicial.
Es por esto que la tensión alrededor de esos recursos aumentó luego de que críticos de la medida advirtieran que las nuevas obligaciones pensionales derivadas de estos trasladados costarían cerca de $450.000 millones al año, mientras que los mismos afiliados aportarían alrededor de $600.000 millones anuales.
“Alcanza y sobra”, señaló una fuente conocedora del proceso, que además aseguró que “cada peso trasladado le abre espacio de caja al Gobierno por el mismo peso”, en momentos en que las finanzas públicas enfrentan crecientes presiones fiscales.
El debate también volvió a poner sobre la mesa la sostenibilidad del sistema pensional colombiano y según las alertas conocidas dentro de la discusión, en 2026 el régimen público de pensiones costará un monto equivalente al recaudo total del IVA. A eso se suma otro indicador que preocupa a expertos y actores del sector por cuenta de que actualmente se necesitan ocho personas cotizando sobre un salario mínimo para financiar una pensión mínima, aunque hoy apenas existirían cinco cotizantes por pensionado dentro del sistema.
Las demandas contra el Decreto 415 mantienen presión judicial
Por último, las acciones presentadas contra el decreto plantean varios cuestionamientos jurídicos. Entre ellos aparece el presunto exceso de potestad reglamentaria, bajo el argumento de que el Ejecutivo habría intentado modificar aspectos de la ley mediante decreto en lugar de limitarse a reglamentarla. También se menciona un eventual riesgo financiero y una posible desviación de poder ligada a la necesidad de obtener liquidez.
Los demandantes consideran que el traslado de recursos podría convertirse en un movimiento patrimonial “masivo e irreversible” mientras la reforma pensional sigue bajo revisión judicial. De hecho, el expediente ya acumula más de una docena de demandas con solicitudes de medidas cautelares de urgencia, lo que mantiene abierto el pulso entre el Gobierno, las AFP y el Consejo de Estado.
Artículo basado en información de portafolio.co
