La decisión de la Corte Constitucional, en una votación de 8 a 0, de tumbar el cobro extraordinario de un impuesto a las empresas generadoras de energía para aliviar la crisis de las empresas intervenidas -léase Air-e- marca un punto de inflexión necesario, aunque incómodo, sobre la forma como el Estado ha venido gestionando uno de los problemas más delicados del sector eléctrico del país.
El fallo, que declaró inexequible el Decreto Legislativo 44 de 2026 y ordenó la devolución o compensación de los recursos recaudados, no solo corrige una ruta jurídica mal trazada, sino que deja al descubierto una improvisación fiscal que terminó trasladando el peso de una mala política pública a actores que no eran los responsables del problema.
La crisis de Air-e es real, profunda y de alto riesgo sistémico, pero en nombre de la emergencia económica, el Gobierno optó por crear una contribución parafiscal del 2,5% sobre las utilidades de las generadoras, con el argumento de capitalizar el Fondo Empresarial de la Superservicios y atender el hueco financiero de Air-e. El resultado: una medida mal diseñada, jurídicamente frágil y económicamente contraproducente.
Desde que fue expedido ese decreto, gremios y analistas coincidieron en que la sobretasa no solo generaba incertidumbre regulatoria, sino que ponía en riesgo decisiones de inversión, desde la subasta de cargo por confiabilidad hasta la expansión del parque de generación en un momento en el que el país ya se asoma a un déficit de energía firme hacia 2027.
Castigar a quienes deben invertir entre $10 y $13 billones anuales para garantizar el suministro no era una solución: era una apuesta por ganar tiempo a costa del futuro.
La Corte, al modular los efectos del fallo y ordenar la devolución de los recursos, envía un mensaje claro sobre los límites del uso de la emergencia económica como atajo fiscal y regulatorio. No todo problema estructural admite respuestas de choque, y menos cuando estas rompen la coherencia del marco institucional que da confianza a la inversión.
El fallo no protege “rentistas poderosos”, como sugiere el discurso político, sino reglas de juego estables para que el sistema funcione.
Medidas como el cobro adicional por kilovatio hora o los alivios transitorios solo “compran tiempo”, pero no corrigen fallas estructurales.
Tampoco resuelven el cuello de botella fiscal del Estado, que ha sido incapaz de capitalizar de manera oportuna el Fondo Empresarial o de cubrir los subsidios que hoy ahogan la caja de las distribuidoras.
La inexequibilidad del impuesto debe leerse como una oportunidad y no como un revés.
Una oportunidad para que el Gobierno abandone la lógica de confrontación con los generadores y asuma una salida integral, técnica y políticamente responsable.
Eso implica definir, con transparencia, cuánto está dispuesto a aportar el Estado, bajo qué condiciones y con qué reformas se le exigirá a la empresa intervenida. Implica también restablecer el respeto por la institucionalidad regulatoria y por las señales económicas que sostienen la inversión en un servicio público esencial.
Persistir en soluciones improvisadas no solo agrava la desconfianza, sino que acerca escenarios que el país ya creía superados. La crisis de Air-e no se resuelve buscando culpables fáciles, sino reconociendo que, sin reglas claras, finanzas públicas coherentes y gestión eficiente, no hay sistema eléctrico que aguante.
La Corte ya cumplió su papel. Ahora le corresponde al Ejecutivo reconocer, así no le guste, que aprendió la lección.
JAIME PUMAREJO HEINS
Artículo basado en información de portafolio.co
