Las alertas sobre el deterioro fiscal del país llevan mucho tiempo disparadas. En estas semanas recientes ha sido el turno del manejo de la deuda pública para sostener este estado de alerta roja permanente. Hace unos días, el Ministerio de Hacienda colocó seis billones de pesos en una subasta de bonos de deuda pública a una tasa muy elevada del 15 por ciento. En otras palabras, el Gobierno está endeudándose a unos costos altísimos.
Por otro lado, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) confirmó que la administración Petro está destinando un 36,9 por ciento de sus ingresos tributarios a pagar intereses, el peor nivel de los últimos 20 años. Es decir, casi cuatro de cada diez pesos que le ingresan al Estado por impuestos van para compromisos de la deuda pública, en vez de financiar la inversión y los programas de corte social.
A lo anterior hay que añadir la fuerte advertencia que le hizo la Contraloría al Ministerio de Hacienda sobre la política de endeudamiento. Para el ente de vigilancia persisten grandes riesgos para las finanzas públicas en las operaciones de financiamiento del gobierno Petro, en las adjudicaciones de TES a tasas prohibitivas y en la flexibilización de las condiciones para adquirir aún más deuda. Este manejo de la cartera de las finanzas públicas ha despertado tanta preocupación que la Contraloría le notificó una observación con presunta incidencia disciplinaria.
El Gobierno está empeñando la sostenibilidad y el futuro de las finanzas públicas, sin un plan confiable ni voluntad de reducir gasto.
La estrategia de endeudamiento de este gobierno ha sido tan riesgosa que, hace unos días, el propio director de Crédito Público admitió entre risas que había “fallado” en sus pronósticos. El mea culpa se presentó ya que, al inicio de su actual y poco tradicional estrategia, el funcionario había prometido que las tasas no llegarían al 14 por ciento. Como resultado, el Estado colombiano enfrenta una crisis de deuda de dimensiones históricas, sin que haya una guerra o una pandemia que la justifique.
A medida que el gasto público supera con creces los ingresos, el Gobierno necesita financiar ese ‘hueco’ por vía de endeudamiento externo y local. El problema radica en que la administración Petro no solo ha desbordado el gasto y el derroche, sino que, a pesar de subir los impuestos, no ha logrado mejorar el recaudo. Además, sus planes de financiamiento, e incluso decisiones como el alza del salario mínimo, no han convencido a los mercados ni han generado la confianza necesaria, elevando las tasas.
Fiel a su estilo, la Casa de Nariño no reconoce ningún error y hasta acusa erróneamente al Banco de la República, mientras se resiste a adoptar el requerido ajuste fiscal que trate de cerrar la brecha creciente e insostenible de las finanzas públicas. Por su complejidad y su potencial impopularidad, el debate de un billonario ‘apretón’ de cinturón en el gasto público no ha sido mayor protagonista en la campaña presidencial. Más aún, la campaña gobiernista promete más de lo mismo en materia de estrategia y modelo económico.
En conclusión, el Gobierno Nacional está empeñando la sostenibilidad y el futuro de las finanzas públicas hoy al no contar con un plan confiable ni la voluntad de reducir gasto. Es un camino peligroso que ya recorre el país y que tendrá que encarar la próxima administración.
Artículo basado en información de eltiempo.com
