Después de varios días compartiendo mesas de trabajo con empresarios y líderes del hemisferio en Estados Unidos, estas palabras no salen del análisis de escritorio. Salen de conversaciones directas con quienes están decidiendo dónde poner el capital en los próximos 10 años.
La conclusión es contundente: América Latina vuelve a aparecer en los radares del capital global con una intensidad que no se veía desde hace décadas.
No es solo una historia de costos laborales. Es algo más profundo. El precio de depender de cadenas de valor frágiles, expuestas a una geopolítica cada vez más volátil, se ha vuelto demasiado alto. Un contenedor de China tarda entre 20 y 40 días en llegar a un puerto estadounidense.
Desde México, el mismo embarque llega en uno o dos días por camión o tren. Esa diferencia ya no es un detalle logístico. Es una ventaja estructural que redefine dónde se produce. El BID calcula que el nearshoring podría sumarle hasta US$78.000 millones en exportaciones anuales a la región. J.P. Morgan estima que la inversión extranjera directa en América Latina ya supera los US$280.000 millones al año, más del doble de hace dos décadas.
La oportunidad no se limita a la relación con el norte. El hemisferio entero está en movimiento. México seguirá siendo receptor masivo de inversión que antes se destinaba a China, y en ese proceso necesitará proveedores regionales. Colombia puede ser uno de ellos. Guyana creció 19% en 2025 y proyecta tasas similares para los próximos años, con cuatro campos petroleros operando a plena capacidad.
Venezuela iniciará, más temprano que tarde, un proceso de reconstrucción que demandará bienes, servicios y capital humano de sus vecinos. El hemisferio va a protagonizar un auge económico relevante. La pregunta es si Colombia va a participar o va a observar desde la orilla.
Por ahora, parece que nos estamos quedando en la orilla. La inversión extranjera directa cayó de US$17.000 millones en 2022 a poco más de US$11.000 millones en 2025, una contracción acumulada superior al 33 % en cuatro años. Las razones las repiten en cada conversación: inseguridad jurídica para dirimir conflictos (miedos recientes), el riesgo cambiario e incertidumbre sobre el orden público.
A esas tres fallas hay que agregarles una cuarta que el inversionista extranjero menciona antes que las demás: la inestabilidad fiscal. En 20 años Colombia ha tramitado 21 reformas tributarias, y la Ocde ha advertido que las modificaciones frecuentes y fragmentadas han incrementado la incertidumbre y la complejidad del sistema sin lograr aumentar de forma significativa los ingresos del Estado.
La reforma de 2022 incrementó la carga impositiva abrupta y radicalmente para empresas y contribuyentes. La propuesta de 2025 buscaba subir la retención a sociedades extranjeras del 20% al 30 %. Nadie invierte a largo plazo donde las reglas del juego cambian cada dos años.
Seguridad jurídica, física, cambiaria y fiscal. Esas cuatro condiciones son el piso mínimo para que Colombia sea una alternativa real.
El mayor aprendizaje que deja la ausencia de diálogo entre este gobierno y el sector privado es que Colombia ha vivido demasiado tiempo esperando que sea el Estado quien lidere la política de desarrollo. En otros países son los sectores productivos los que construyen consensos, movilizan propuestas y las llevan al Congreso como iniciativas legislativas concretas.
Esa capacidad de incidencia no surge sola. Requiere que el empresariado colombiano decida tomar la iniciativa, formular propuestas serias, recortar la burocracia y hacer fluir el capital. El hemisferio está llamando. La respuesta no puede esperar al próximo gobierno.
Artículo basado en información de portafolio.co
