Ayer el Gobierno Nacional anunció que asumirá el 81% de la financiación del Regiotram del Norte, el tren de cercanías que conectará Bogotá con Zipaquirá, Cajicá y Chía. Más de $14 billones para una de las zonas más prósperas del país. Nadie objeta la obra. Lo que merece una conversación honesta es lo que no se financia con esa misma convicción.
El Metro de Medellín lleva décadas con cofinanciación nacional. El Metro Ligero de la Avenida 80 recibe el 70% de la Nación. Las Autopistas de la Montaña se estructuraron en mesas semanales con el Ministerio de Transporte y se ejecutaron sin tropiezos. Las dos líneas del Metro de Bogotá comprometen decenas de billones nacionales. Al Regiotram de Occidente ya se le garantizaron recursos. Y ayer, al del Norte también.
Mientras tanto, el Caribe tiene un estudio del Tren Regional al 95% de prefactibilidad: 365 kilómetros entre Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, más de 56.000 pasajeros diarios, 14 millones de toneladas de carga al año, tres ciudades portuarias conectadas entre sí y con la red ferroviaria del interior.
Los estudios de detalle cuestan menos de $50.000 millones. En este gobierno, que prometió un tren volador entre Buenaventura y el Caribe, sin estudio ni trazado, esos 50.000 millones nunca aparecieron.
La suma lo dice todo. El agua estructural de Santa Marta, uno o dos billones. La Mojana, hasta tres billones. La energía del Caribe, menos de $10 billones. La navegabilidad del Magdalena y las dobles calzadas del Caribe esperan mientras en otras regiones la red de cuatro carriles crece gobierno tras gobierno. La Ruta del Sol, financiada pero paralizada por desidia.
El Tren del Caribe.
Todo eso junto cuesta menos que el Regiotram del Norte y la segunda línea del Metro de Bogotá. Y no es solo el Caribe. Buenaventura espera los compromisos del paro; el Cauca, Nariño y Chocó llevan décadas sin inversión que transforme.
El modelo de cofinanciación exige que las regiones aporten predios, estudios y diseños antes de que la Nación comprometa recursos. Razonable en teoría. Devastador en la práctica: las regiones con mayor capacidad fiscal pueden cumplir ese requisito y activar los billones nacionales. Las más rezagadas no pueden. El sistema garantiza que quien ya tiene siga recibiendo, y quien no tiene siga esperando. No es una conspiración. Es una trampa estructural que ningún gobierno ha querido desmontar.
En este gobierno el déficit de coherencia es especialmente doloroso porque la promesa fue la contraria. Lo que se dijo con vehemencia en campaña no quedó ni en un documento de priorización. No se pedía el imposible: se pedía financiar los estudios de obras que llevan décadas esperando para el 40% de los colombianos que viven en los litorales. El gesto mínimo. No llegó.
Una sociedad sostenible tiene que garantizarle a cada ciudadano, sin importar dónde nació, la posibilidad real de perseguir sus sueños. No la igualdad de resultados, sino la igualdad mínima de oportunidades. Ese principio tiene una expresión muy concreta: un tren que llega, una carretera terminada, agua que sale del grifo, energía que no se va. Sin eso, el sueño es solo eso.
Cerrar esta brecha no puede seguir siendo una promesa de campaña. Debe ser una causa de Estado, con documentos, presupuestos y cronogramas, con la misma decisión con la que hoy se firma un Conpes de 17 billones para conectar Zipaquirá con Bogotá.
Para que en las próximas elecciones la geografía del voto no sea tan perfectamente predecible, habría que empezar por entender lo que esa geografía nos dice hoy: que algo profundo no está funcionando. Y que la promesa de arreglarlo tampoco llegó.
JAIME PUMAREJO HEINS
Artículo basado en información de portafolio.co
