El gobierno de Abelardo De La Espriella presentó ante el Congreso su proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 con un aumento de casi 60 billones de pesos adicionales. Si bien, a primera vista, el monto de 634,9 billones de pesos podría leerse en contravía de los llamados de austeridad de la administración entrante, esta reformulación es el resultado de poner las cuentas claras e incorporar rubros ocultos por el gobierno anterior.
Este “sinceramiento”, liderado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, es “un paso en la dirección correcta”, como lo calificó Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Además, les permite al Gobierno, los legisladores, expertos y opinión en general comprender la verdadera dimensión de la crítica situación de las finanzas públicas. La herencia tóxica que en materia fiscal recibe la Casa de Nariño estaría empujando el déficit fiscal de la Nación en torno al 7,2 por ciento del PIB en 2026 —niveles tipo pandemia— y a 9,4 por ciento en el 2027.
El desequilibrio económico del Estado es insostenible: cada mes la Nación percibe por ingresos unos 29 billones de pesos y termina gastando más de 40 billones. Ese ‘hueco’ no se puede llenar por la vía de mayores impuestos a los hogares y a las empresas y ha desembocado en que uno de cada cuatro pesos esté destinado al servicio de la deuda. Desafortunadamente el aumento presupuestal no responde a más programas o inversiones públicas, sino mayoritariamente a las obligaciones del endeudamiento.
Se necesita conocer los sectores, programas y partidas sobre los cuales caerá la mayor proporción del ‘sacrificio’ para mitigar la crisis.
Sincerar las cuentas las hace más transparentes, pero no les resta un ápice en cuanto a su gravedad se refiere. De hecho, es un primer paso, pero el ‘rescate económico’ que la administración De La Espriella necesita requiere de otros pasos complementarios. La ley de ajuste fiscal, en estos momentos bajo preparación del Ministerio de Hacienda, aspira a descargar unos 45 billones de pesos adicionales de gasto público. A esto se le añaden un recorte de 21,9 billones de pesos en este año y 17 billones de austeridad en el proyecto de PGN para el año entrante.
La administración De La Espriella está concentrando todo este esfuerzo en el frente del gasto desbordado. El Congreso, y el país en general, necesita de una presentación detallada de los sectores, programas y partidas sobre los cuales caerá la mayor proporción del “sacrificio” necesario para mitigar la crisis. Otro esfuerzo crucial está en proteger, en la medida de lo posible, la inversión. El Estado necesita continuar su labor y desarrollar sus políticas públicas en las distintas áreas de gestión, es decir, sembrar el futuro a pesar de las deudas del pasado.
El Gobierno Nacional debe explicar cuánto heredó con la máxima transparencia, que el país agradece; sin embargo, desde ahora también es el responsable por la corrección de la situación y la superación de la crisis. La credibilidad, en especial la de los mercados, se sostiene presentando con la misma claridad qué gasto desaparece, cuánto se ahorra y en qué rubros, en qué condiciones vienen nuevos endeudamientos y un ejercicio plurianual de presupuesto y ajuste. Responder a estas preguntas abre el camino para que Colombia vuelva a una trayectoria fiscal sostenible.
Artículo basado en información de eltiempo.com
