El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, cuestionó que durante el debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 se solicitaran mayores recursos para distintos sectores sin precisar qué partidas deberían reducirse o de dónde saldría la financiación adicional.
La intervención puso el foco en una discusión que, según el jefe de la cartera, no debería limitarse al tamaño de las apropiaciones. Gómez sostuvo que cualquier aumento debe considerar las restricciones fiscales y revisar también la eficiencia con que se ejecutan los recursos públicos.
“Si alguien pide que aumentemos el presupuesto de Cultura, también debería decir dónde debemos recortar. Los recursos son limitados”, afirmó el ministro de Hacienda durante el debate, al defender que las nuevas solicitudes de gasto estén acompañadas por una fuente concreta de financiación.
Gómez respondió además a los reclamos por mayores recursos para universidades públicas y salud. Según explicó, el Gobierno tuvo que incorporar $700.000 millones para las instituciones públicas de educación superior y realizar una transferencia de $2 billones para el sector salud.
Minhacienda advierte presiones sobre deuda, pensiones, salud y combustibles
El Ministro aseguró que las cuentas públicas también enfrentan obligaciones que presionan el Presupuesto. Entre ellas mencionó $6,5 billones en pensiones, $9,6 billones correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) y un faltante de $37 billones en deuda.
“Aquí me han pedido recursos para las universidades públicas. El Gobierno anterior dejó desfinanciada la universidad pública en $700.000 millones. ¿Me están diciendo que no quedó desfinanciado el presupuesto de salud? Ya hicimos la transferencia de $2 billones que le hacían falta”, señaló.
Las referencias al manejo presupuestal de la administración anterior corresponden a los señalamientos realizados por Gómez durante su intervención. Su argumento central fue que las nuevas necesidades de gasto deben analizarse junto con las obligaciones ya incorporadas y las restricciones existentes para financiarlas.
El titular de Hacienda también llevó la discusión hacia los costos de funcionamiento del Estado. Según indicó, durante el gobierno de Gustavo Petro la planta de la Dian pasó de aproximadamente 10.000 a 16.000 empleados, mientras la entidad no habría cumplido las metas de recaudo.
🧵 🇨🇴En plenaria de Cámara, durante el debate de Presupuesto, el ministro @miguel_gomez_m recordó a la bancada de oposición la situación en la que Gustavo Petro dejó al país y cuestionó que se pidan más recursos sin discutir qué pasó con el dinero público durante ese gobierno. pic.twitter.com/hztwJUoPuD
— MinHacienda (@MinHacienda) October 1, 2026
Gómez agregó que, de acuerdo con cifras que atribuyó al Departamento Nacional de Planeación, los gastos de funcionamiento aumentaron 40%. Con ese dato cuestionó si la discusión presupuestal está examinando con suficiente profundidad la eficiencia de las partidas que ya recibe el Estado.
Fomag entra al debate por costos de salud y déficit de $2,7 billones
Otro frente planteado por el ministro fue el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), encargado del sistema de seguridad social de los docentes. Gómez señaló que el fondo enfrenta actualmente un déficit estimado en $2,7 billones.
De acuerdo con las cifras presentadas por Hacienda, la atención de un maestro tendría un costo promedio de $7,7 millones, mientras que para una persona atendida dentro del sistema general de salud el valor se acercaría a los $2 millones.
El ministro hizo esa comparación al defender una revisión de la relación entre recursos y resultados. “El problema no es gastar más, es gastar mejor. No he visto en este debate, lamentablemente, una reflexión sobre la eficiencia del gasto público”, manifestó.
Gómez también hizo referencia a las protestas de maestros por el servicio recibido bajo el esquema de atención implementado durante el gobierno de Petro. Este punto fue utilizado por el funcionario para respaldar su llamado a revisar no solo cuánto se asigna, sino los resultados obtenidos.
La discusión, según el planteamiento del Ministerio, debe incorporar entonces tanto las necesidades adicionales de sectores como salud o educación como el desempeño de los recursos ya presupuestados, especialmente en áreas donde el Gobierno identifica presiones financieras o problemas de eficiencia.
Hacienda pide incorporar corrupción y eficiencia al debate del Presupuesto 2027
El ministro también cuestionó que la discusión no abordara lo que denominó las “venas rotas del presupuesto”. “No escuché en este debate la palabra corrupción. Nadie habló de corrupción. Nadie habló de corrupción”, afirmó frente a los congresistas.
Gómez sostuvo que el análisis de las cuentas públicas debería incluir cuánto dinero puede perderse como consecuencia de hechos de corrupción o ineficiencia. También respondió a cuestionamientos relacionados con la financiación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
“Vienen aquí a decirnos: ‘dejaron la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sin financiación’. Es que se la robaron. ¿O es que nadie ha leído la prensa? La discusión sobre esto debería ser mucho más alta”, manifestó el funcionario durante el debate.
La afirmación corresponde a la posición expresada por el ministro y fue utilizada para insistir en que la evaluación presupuestal no debería concentrarse exclusivamente en cuánto recibe cada entidad, sino también en lo que sucede con los recursos después de que son asignados.
El mensaje de Hacienda al Congreso fue que cada petición adicional debe venir acompañada de una respuesta sobre su financiación. Para Gómez, aumentar una partida obliga a identificar nuevos ingresos, reducir otro gasto o revisar las ineficiencias que presionan las cuentas públicas.
Con ese planteamiento, Minhacienda llevó el debate del Presupuesto 2027 más allá de la distribución entre sectores. El funcionario insistió en que la discusión fiscal debe conectar las nuevas necesidades de recursos con las fuentes disponibles, los compromisos pendientes y la calidad del gasto estatal.
JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA
Artículo basado en información de portafolio.co
