Hace un mes, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, descartó buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este domingo, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó abrir conversaciones, sin precisar qué tipo de acuerdo quiere. El cambio de opinión es una buena noticia. Falta ver qué compra el país con ese paso y qué no.
Compra alivio. A agosto, el gasto primario, que excluye los intereses, era 0,4% del PIB menor que un año atrás. Lo que empuja el déficit es la deuda, que cuesta 0,4% del PIB más, y ahí un crédito barato ayuda. A julio, los intereses se llevaban el 27,5% del recaudo tributario, frente a un promedio histórico de 24,5%. La caja del Tesoro en pesos cerró agosto en $15,1 billones, cuando en ese mes suele tener26,4 billones. El exministro Mauricio Cárdenas ha propuesto pedir US20.000 millones al 4% para prepagar deuda que cuesta 14%, con un ahorro de US$2.000 millones al año, más que cualquier recorte en discusión. La cuenta pide cautela, porque la deuda en dólares se encarece si el peso se debilita. Aun así, el alivio sí es real.
Compra, sobre todo, credibilidad. La tasa del bono a 10 años bajó a 11,5% tras la elección y volvió a 12,7% cuando se supo que el Presupuesto de 2027 implica un déficit de 9,2% del PIB. Y la confianza pesa más cuando la deuda depende de papeles de corto plazo, que hay que refinanciar a menudo. Ya son el 17,3% de la deuda interna y en los últimos cinco años promediaron 12,2%.
Un programa con metas verificables y revisiones periódicas, como el de 1999, daría al ajuste un respaldo que hoy no tiene. Lo más probable, según analistas, es una línea de precaución, que funciona como un seguro, pero trae condiciones y seguimiento. Es el costo de haber perdido durante el gobierno anterior la Línea de Crédito Flexible, que no las exigía.
Lo que no compra, por ahora, es el ajuste. El Fondo no aprueba leyes, y la de rescate, que Hacienda prevé radicar en octubre, tendrá un trámite difícil en el Congreso. Las cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal muestran el tamaño de la tarea. El déficit de 2026 cerraría en 7,8% del PIB, por encima de la meta oficial de 7,2%, y la reconstrucción tras el terremoto de agosto puede presionarlo más. El recaudo crece 10,2% a julio, pero sin los $9,6 billones de los decretos de emergencia sube apenas 4,4%, lo que en términos reales es una caída de 1,6%. Y si la deuda bajó de 61,3% a 60,2% del PIB en un año, fue sobre todo porque el peso fuerte abarató la deuda en dólares, no por disciplina fiscal.
Los críticos dirán que ir al Fondo es rendirse. Los programas de 1999, 2003 y 2005 sugieren lo contrario. Dejaron metas y reformas que ayudaron a ordenar las finanzas, y hoy las condiciones se negocian, no llegan impuestas como en los noventa. La objeción más seria es que el crédito barato se vuelva excusa para aplazar los recortes. Por eso importa el orden. Primero el plan, después el préstamo.
El tiempo tampoco sobra. Las tasas de interés suben en buena parte del mundo, y financiarse en el mercado sale cada vez más caro. Un acuerdo puede tardar meses, y llegar acorralado tras otra racha de turbulencia sería peor. El Gobierno debería sentarse a negociar con la ley de rescate radicada, los recortes identificados, una propuesta para flexibilizar un presupuesto atado por leyes de gasto y claridad sobre el acuerdo que busca. Con un plan propio, negocia. Sin él, le entrega al FMI la proyección del ajuste y a los mercados una razón más para dudar.
Artículo basado en información de portafolio.co
