Bogotá no es solo la capital de Colombia, es su capital financiera. En Estados Unidos ese papel es de Nueva York y no de Washington DC, y en Brasil es de São Paulo y no de Brasilia. Aquí las dos coinciden. En Bogotá nació buena parte de la innovación financiera del país y se armó el ecosistema para los actores nuevos.
Esa misma ciudad discute una reforma tributaria que busca $1,26 billones al año y que descansa en el ICA y en una sobretasa al predial. Para las actividades financieras la tarifa nominal pasaría de 14 a 21 por mil, un aumento de 50%. La iniciativa avanza en el Concejo y todavía no está vigente.
La Secretaría de Hacienda defiende el ajuste con varios argumentos. Uno es de capacidad contributiva, pues calcula una tarifa efectiva de 6,6% para las actividades financieras frente a 9,9% del promedio de la ciudad. Otro es comparativo, ya que, según sus cuentas, Barranquilla y Tunja cobran 30 por mil y Cali 25 por mil sin que se observe una caída del recaudo. También recuerda que el ICA se descuenta del impuesto de renta. Son argumentos válidos.
La comparación con otras capitales dice poco. Bogotá no compite con Tunja por sedes financieras sino por decisiones de inversión que también miran a municipios vecinos, donde la tarifa es una fracción de la propuesta. Y esas tarifas no son terreno firme. El Consejo de Estado anuló en 2024 la de Cali por superar la de Bogotá y solo en julio la Corte Constitucional dejó sin efecto ese fallo. Citarlas hoy como si fueran la norma es pasar por alto esa tensión.
El argumento de la tarifa efectiva desconoce lo que hoy es el sector. Ya no es solo la banca tradicional. Incluye fintech y entidades nativas digitales que aún no llegan a su punto de equilibrio, y un promedio agregado cobra igual a quien gana y a quien todavía no gana.
Ahí está el nudo del asunto. El ICA grava ingresos brutos y no utilidades. Castiga el volumen y se paga aunque el año cierre en pérdidas. La deducción en renta alivia el costo, pero no lo elimina y solo sirve a quien tiene renta líquida positiva.
El riesgo de traslado no es retórico. La Secretaría responde que la ley define dónde se causa el impuesto y que hay fiscalización para quien se salga de esa regla. Pero el ICA no se cobra donde están las oficinas sino donde se origina la operación, y en un sector que en 2025 hizo 66,6% de sus operaciones por canales digitales, mover el centro de decisión a un municipio vecino es viable y legal. Según estimaciones del propio sector, su peso en el recaudo del ICA se duplicó en dos décadas. La ciudad le apuesta buena parte de su caja a un contribuyente que tiene pies.
Lo que no se puede mover es el crédito hipotecario, atado a un inmueble ubicado en la ciudad. Ese costo se queda en Bogotá y termina en el bolsillo del deudor bogotano, justo donde más falta hace el crédito barato.
A esto se suma el contexto nacional. La renta de 35% con sobretasa deja poco margen y buena parte de estas entidades acaba de pagar el impuesto extraordinario al patrimonio de este año, que las gravó con 1,6% y venció en mayo.
Nada de esto niega que Bogotá necesite recursos ni que el alumbrado inteligente valga la pena. La objeción es el instrumento y su tamaño. La ciudad que se piensa inteligente no debería apoyarse en el tributo más regresivo de su estatuto ni concentrar su recaudo en el sector que más rápido puede moverse.
Un ajuste gradual y una revisión seria de la base gravable le servirían más que subir la tarifa 50% de un solo golpe.
Artículo basado en información de portafolio.co
