El menor recaudo del impuesto al patrimonio frente a las metas previstas por el Gobierno abrió un nuevo debate sobre las finanzas públicas, ya que aunque algunas empresas cumplieron con sus obligaciones tributarias e incluso realizaron los pagos correspondientes dentro de los plazos establecidos, los ingresos obtenidos estuvieron por debajo de las expectativas oficiales.
Para Christian Quiñónez, exsubdirector de la Dian, la explicación no estaría en un problema de recaudo sino en la manera como se calcularon las proyecciones iniciales. Según el experto, el desfase era previsible porque las estimaciones se construyeron sobre una base de contribuyentes que terminó siendo diferente a la que efectivamente aportó recursos al impuesto.
El problema estaría en las proyecciones de recaudo
Quiñónez sostiene que el Gobierno proyectó ingresos cercanos a los $8,2 billones o $8,3 billones a partir de una base patrimonial determinada al 31 de diciembre. En su opinión, las cuentas partieron de la expectativa de que todas las empresas incluidas dentro de esa base terminarían contribuyendo de la forma prevista.
Sin embargo, el resultado final fue distinto. Para el exfuncionario, uno de los errores consistió en asumir que la fotografía patrimonial utilizada para calcular el recaudo se mantendría intacta durante el proceso de pago y por eso explicó que “el Gobierno consideró que todas esas empresas iban a aportar este monto”.
Desde su perspectiva, esa expectativa terminó alejándose de la realidad y generó una diferencia importante entre los recursos esperados y los efectivamente obtenidos.

La incertidumbre tributaria aparece en la explicación
Otro de los elementos que menciona Quiñónez es el comportamiento de algunas empresas frente al entorno tributario. Según su análisis, la incertidumbre jurídica y la falta de estabilidad en las reglas de juego han llevado a que tomen decisiones para reducir su exposición a determinadas cargas fiscales.
“Las empresas cada vez más deciden dejar de funcionar en el país y hacer los movimientos necesarios para no estar expuestos a una situación impositiva que no es fija, no es determinante, no es segura”, afirmó.
Aunque el experto no presenta cifras sobre cuántas compañías habrían tomado ese camino, considera que este fenómeno ayuda a explicar por qué la base real de contribuyentes pudo ser menor a la contemplada inicialmente en las proyecciones oficiales.
Más allá del impuesto: el debate sobre la planeación fiscal
La discusión planteada por Quiñónez trasciende el comportamiento del impuesto al patrimonio y se enfoca en la calidad de las proyecciones fiscales.
El exsubdirector de la Dian considera que el problema no es únicamente que los ingresos hayan resultado inferiores a lo esperado, sino que las cuentas públicas se construyen sobre esas estimaciones. A su juicio, cuando las proyecciones son erradas, los resultados terminan alejándose de la realidad.
“Las proyecciones que hace el Gobierno técnicamente son ineficientes”, señaló al cuestionar los cálculos utilizados para estimar los ingresos futuros.

El impacto sobre las finanzas públicas
Para Quiñónez, el principal riesgo aparece cuando el gasto público se programa con base en recursos que finalmente no terminaron materializándose plenamente. Según explicó, el Gobierno habría estructurado parte de sus compromisos presupuestales considerando unos ingresos que no terminaron materializándose plenamente.
“Lo grave de esto es que el Gobierno creó un gasto a partir de esa proyección de ingresos”, afirmó.
Desde esa perspectiva, el desfase entre recaudo esperado y recaudo efectivo no solo representa una diferencia contable. También se convierte en un factor que incrementa la presión sobre las cuentas fiscales y obliga a buscar alternativas para compensar los recursos faltantes.
Una discusión sobre técnica y confianza
El análisis también pone sobre la mesa una discusión más amplia sobre la confianza en las proyecciones económicas del Estado. Para el exfuncionario, el país necesita fortalecer el componente técnico de las decisiones fiscales y tributarias para evitar que las metas oficiales terminen alejándose de los resultados reales.
Su conclusión apunta a que la recuperación dependerán, en buena medida, de la capacidad de construir estimaciones más precisas y consistentes.
El caso del impuesto al patrimonio deja una pregunta de fondo sobre la mesa: si las empresas sí pagaron, ¿por qué no llegó el recaudo esperado? La respuesta, según el análisis de Quiñónez, estaría menos en el comportamiento de los contribuyentes y más en la forma como se proyectaron los ingresos que el Gobierno esperaba recibir.
Artículo basado en información de portafolio.co



