El agridulce resultado del PIB de 2025 confirma que la economía requiere crecer con equilibrio, más inversión y seguridad.
Esta semana el Dane publicó los resultados del producto interno bruto (PIB) para el cuatro trimestre y el total del 2025, con un balance agridulce que despierta varias preocupaciones. El año pasado la economía colombiana registró un crecimiento positivo de 2,6 por ciento, superior al 1,5 por ciento reportado para 2024 y jalonado por el comercio (4,6 por ciento), la administración pública (4,5 por ciento) y el entretenimiento (9,9 por ciento).
De acuerdo con la organización nacional estadística, este desempeño fue impulsado en gran medida por la demanda interna, el consumo de los hogares y el desbordado gasto público, en el cual no se puede dejar de mencionar el derroche del Gobierno en burocracia a través de modalidades como los contratos por prestación de servicios. A lo anterior se debe sumar una tasa de desempleo que en diciembre pasado bajó al 8 por ciento, que sigue manteniendo un alto componente de informalidad, y la recuperación en dinamismo de actividades claves como las comerciales, las industrias, el agro, el turismo y otros servicios.
Esto ha llevado al Gobierno Nacional, por obvias razones en época electoral, a celebrar su desempeño económico. No obstante, el reporte del Dane refleja serias fracturas en la tendencia de crecimiento que viene llevando la economía colombiana. En primer lugar, tras un débil tramo final, el PIB nacional en 2025 fue inferior a las proyecciones de los analistas y expertos, y las estimaciones para este año apuntan a una dinámica similar.
Los años recientes se han caracterizado por desempeños económicos mediocres, que no se compadecen con el potencial del aparato productivo nacional y son insuficientes para generar los cambios productivos y sociales que demanda la sociedad colombiana. Por ejemplo, la inversión se ha desplomado a los índices más bajos de los últimos 20 años: cayó 2,9 por ciento en el cuarto trimestre y cerró en un 16 por ciento del PIB. Una economía cuyo Estado gasta incluso más que lo que recibe de inversión no podrá desatar un desarrollo sólido y sostenible.
Además, la atracción de inversión privada constituye un motor que el país debe prender urgentemente con todas las herramientas posibles. A la claridad y la estabilidad de las reglas del juego en materia de impuestos y regulaciones se deben añadir un fortalecimiento de la seguridad jurídica, un mejoramiento de la confianza y una política económica responsable y técnica.
Una segunda preocupación concierne a las disparidades sectoriales. El rezago de actividades cruciales para la economía como la construcción –que se contrajo 2,8 por ciento– y la explotación de minas y canteras –un 6,2 por ciento– requiere acciones específicas del Gobierno para impulsar su reactivación. Colombia necesita transitar una senda de crecimiento más equilibrada entre los distintos sectores. La ideología y el sesgo contra industrias como la petrolera, la minería y la construcción han infligido un inmenso daño que debería revertirse lo más pronto posible.
Por último, la discusión del modelo de crecimiento económico que Colombia debe impulsar en los próximos años –incluyendo la ruta para salir de la grave crisis fiscal– tiene que adquirir un mayor protagonismo en la campaña presidencial. La ruta actual es insuficiente y demanda ajustes drásticos.
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