Un ambiente de incertidumbre política y económica, con otra tributaria en el horizonte y sin claridad en los cambios, amenaza la reactivación.
Ayer Fedesarrollo publicó su Índice de Incertidumbre de la Política Económica en Colombia (Ipec) correspondiente a agosto pasado. De acuerdo al tanque de pensamiento, este indicador se ubicó en 323 en el octavo mes del año, esto es, un aumento de 74 puntos con respecto a junio pasado (248) y de 95 puntos en comparación con hace un año (228).
De hecho, según esta medición, el 2022 fue el año de más incertidumbre alrededor de las políticas económicas en lo corrido del siglo XXI, aún más que el año de la pandemia, y entre enero y julio de este 2024, las noticias relativas a este fenómeno fueron 2,4 veces más frecuentes que las del período entre 2000 y 2019. El registro más reciente muestra entonces que, en vez de aclararse el panorama para este segundo semestre, las dudas en estos frentes económico y político se mantienen- y quizás empeoran.
Un mensaje similar transmitió el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, en una de sus intervenciones en la asamblea anual de este gremio de empresarios la semana pasada. De forma inequívoca, el directivo gremial expuso los distintos costos que esta incertidumbre política, jurídica y económica de los últimos dos años ha infligido a la economía como un todo. “El mercado percibe a Colombia como riesgoso”, concluyó MacMaster al presentar estimaciones de $24 billones entre 2022 y 2024, así como otros abordajes igualmente preocupantes.
Como lo afirmó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, al presentar el Ipec, “la literatura económica ha identificado que aumentos en los índices de incertidumbre en la política económica son indicadores líderes de reducciones en la inversión, el crecimiento y el empleo”. En otras palabras, si el deseo de Gobierno, empresas y hogares es que las actividades productivas transiten una ruta de reactivación y dinamismo en los próximos meses y años, un camino en contravía es precisamente reducir la confianza, anunciar permanentes cambios en las reglas del juego y ambientar un entorno de zozobra y de retórica anti-empresarial.
Sin importar la metodología que se quiera emplear para dimensionar los efectos de este ambiente de incertidumbre sobre la economía, lo innegable e inocultable son tanto su existencia como su característica “autogenerada”, esto es, producida mayoritariamente por el gobierno actual. Se equivoca la administración Petro al pretender que su estrategia de reactivación esté anclada en un presupuesto abiertamente desfinanciado y en una reforma tributaria que hasta sus supuestos beneficiarios de la renta corporativa rechazan.
En vez de estar creando condiciones favorables tanto para que los empresarios inviertan y desarrollen nuevos proyectos como para que los sectores jalonadores de empleo y de reactivación se dinamicen, la Casa de Nariño sigue buscando sacar más recursos de los agotados bolsillos de empresas y hogares. En vez de estar presentando un paquete integral e interconectado de medidas de reactivación en unas actividades estratégicas, el Gobierno insiste en mantener múltiples sectores como la energía, la salud, los servicios públicos, la educación, la industria, el comercio y la construcción, bajo anuncios de “reformas” paralizantes.
Todo lo anterior desemboca inevitablemente en este panorama de incertidumbre política, jurídica y económica, que no solo frena la recuperación productiva sino que enrarece el ambiente político. En conclusión, otra tributaria en el horizonte y sin claridad en los cambios y en la dirección futura de los sectores, amenaza la reactivación.
Información extraída de: https://www.portafolio.co/opinion/editorial/editorial-portafolio-incierto-y-costoso-613000
