“El 4×1000 es como querer arrancar el carro con el freno de mano puesto”. Con esa frase, Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, describió el impacto que este impuesto todavía tiene sobre la movilidad financiera de los colombianos.
Más de 500 días después de la aprobación de la Ley 2277 de 2022, el cambio prometido aún no se materializa. La norma busca permitir que múltiples cuentas bancarias queden exentas del 4×1000 —hasta el tope legal para movimientos inferiores a $18 millones mensuales— y eliminar la obligación de marcar una sola cuenta para acceder al beneficio. Según cifras de Colombia Fintech, la medida podría favorecer al 80% de la población.
Sin embargo, las dificultades de articulación tecnológica entre bancos, cooperativas y demás entidades financieras; las dudas jurídicas sobre quién debe consolidar y reportar la información; y la falta de lineamientos definitivos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian) y el Ministerio de Hacienda, han impedido que el beneficio llegue a los usuarios.
Actualmente, los usuarios deben concentrar sus movimientos financieros en una sola cuenta marcada como exenta para evitar el impuesto. Para Nu Colombia y Colombia Fintech, estolimita la competencia y dificulta que las personas puedan migrar hacia entidades con mejores tasas, servicios o productos.
Según sus cálculos, un colombiano podría ahorrar hasta $800.000 anuales con la implementación efectiva de la exención múltiple, cifra equivalente al cobro del 4×1000 sobre el tope mensual exento.
“501 días es demasiado tiempo para que una ley aprobada siga sin ejecutarse. Los colombianos merecen poder elegir dónde poner su dinero sin que un impuesto los penalice por hacerlo”, afirmó Torres.
Además, hizo un llamado al sector para sentarse en la mesa y buscar la forma de eliminar las barreras que hoy limitan la elección de los clientes.
Lisandro Junco, exdirector de la Dian, explicó que el principal obstáculo para este desmonte está relacionado con la protección jurídica de la reserva bancaria en Colombia.
Según señaló, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero protege la información financiera de los ciudadanos y esa reserva no fue modificada por la reforma tributaria de 2022. Así, aunque la ley busca habilitar la interoperabilidad entre cuentas bancarias de una misma persona para aplicar automáticamente la exención, las entidades financieras continúan obligadas a garantizar la confidencialidad de los datos de sus clientes.
Junco precisó que la única excepción parcial ocurre con las centrales de riesgo, donde circula información anonimizada sobre comportamiento crediticio, pero no detalles específicos sobre cuentas, tarjetas o créditos.
El exdirector de la Dian agregó que el problema se agrava con la inclusión del sector cooperativo dentro del esquema planteado en la reforma de 2022: “Esto implicaría que entidades financieras y cooperativas compartan información de sus clientes para determinar qué cuentas deben quedar exentas del 4×1000”.
A su juicio, permitir que entidades como Bancolombia tengan acceso a información de cooperativas como Coomeva —o incluso de entidades pequeñas en regiones apartadas del país—resulta inviable desde el punto de vista jurídico y operativo. “En el mundo existe la reserva financiera”, afirmó, al insistir en que el intercambio de datos bancarios tiene límites y no puede darse de manera absoluta.
Para el exfuncionario, una solución estructural es avanzar hacia un esquema de Open Finance o finanzas abiertas, en el que los usuarios autoricen compartir su información financiera entre diferentes entidades, como el que hace unas semanas anunció el Gobierno, pero cuyos alcances están por verse.
Este modelo, dijo, está vinculado con el concepto de KYC (“Know Your Customer” o conocimiento del cliente), una práctica utilizada por el sistema financiero para medir riesgos, aprobar créditos y definir condiciones comerciales.
Desde la óptica de Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, el 98% del sistema financiero colombiano ya tendría la capacidad técnica para operar bajo el nuevo esquema.
Afirmó que las entidades financieras ya suscribieron contratos con un orquestador tecnológico mayoritario y el principal cuello de botella ya no sería técnico, sino regulatorio y político.
“Si mañana el Ministerio de Hacienda y la Dian dicen ‘esto empieza el lunes’, el lunes esto está operativo”, aseguró Santos.
El dirigente gremial explicó que TransUnion concentra la mayor parte de la operación del sistema, mientras Passport agrupa al sector cooperativo. Sin embargo, la interoperabilidad entre ambos operadores sigue sin activarse ante la ausencia de lineamientos regulatorios claros sobre cómo aplicar la exención sin incumplir la obligación de recaudar el impuesto.
En el pasado 16° Congreso de Acceso a Servicios Financieros y Medios de Pago (CAMP 2026), el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, reconoció que el 4×1000 sigue siendo una de las principales barreras para el desarrollo del sistema financiero y la inclusión bancaria en Colombia.
Y aunque manifestó quedesmontar este gravamen no es una tarea sencilla, insistió en que el país debería avanzar hacia su eliminación progresiva.
Malagón señaló que el contexto fiscal limita la posibilidad de eliminar completamente el gravamen entre 2026 y 2030, pero consideró viable enviar señales graduales de desmonte que le den mayor confianza a la industria financiera y a los usuarios.
En este sentido, planteó que una ruta gradual, incluso en un horizonte de hasta 10 años, permitiría desmontarlo de manera ordenada y fortalecer el ecosistema financiero sin generar choques fiscales abruptos.
Por ahora, la implementación de la exención del 4×1000 permanece en un limbo indefinido. Mientras tanto, a mayo de 2026, continúa vigente el modelo tradicional de cuenta marcada como única vía para acceder a la exención del impuesto.
Artículo basado en información de elcolombiano.com
