Expertos alertan que el déficit primario llegó a 3,5% del PIB por gastos que desbordaron la tendencia histórica.
La Mesa Fiscal —un bloque conformado por expertos y académicos de las universidades de los Andes, Nacional, Javeriana y Fedesarrollo— encendió las alarmas económicas del país al advertir que la deuda neta del Gobierno Nacional Central alcanzó un crítico 58,5% del PIB al cierre de 2025.
El colectivo de analistas señaló en su informe sectorial que, si Colombia no implementa de manera urgente una consolidación fiscal de carácter estructural, la sostenibilidad macroeconómica penderá de un hilo.
El Comité Autónomo de Regla Fiscal proyecta que en un escenario inercial el país chocará con su límite legal permitido del 71% del PIB para el año 2028, lo que situaría a la Nación en una inminente zona de riesgo de impago y obligará al Ejecutivo a ejecutar un severo ajuste estructural de entre el 4% y el 5% del Producto Interno Bruto.
Este preocupante diagnóstico financiero se explica por una trayectoria de endeudamiento que los mismos técnicos calificaron como explosiva, luego de que el indicador pasara de promediar un 41,8% del PIB en 2015 a rozar el 60% en la última medición.
El deterioro de las finanzas estatales coincide con un déficit primario que se situó en el 3,5% del PIB en 2025, un porcentaje que contrasta con el promedio de apenas 0,2% registrado entre los años 2005 y 2019. Según el reporte de la Mesa Fiscal, este descuadre en las cuentas de la Nación obedece a que los gastos gubernamentales se encuentran actualmente 2,6 puntos porcentuales del PIB por encima de su tendencia histórica, mientras que los ingresos apenas lograron estabilizarse.
El encarecimiento global del crédito empeoró la posición del país frente a los mercados internacionales, debido a que las tasas de interés implícitas reales que paga el Estado rondan el 7,2% al excluir los canjes contables. Al combinar esta elevada deuda bruta con el severo costo de financiamiento, el centro de pensamiento determinó que Colombia se ubica hoy en el cuadrante más vulnerable entre las grandes economías de América Latina. Los analistas advierten que la inacción frente a estos indicadores inerciales erosionará rápidamente la confianza de los inversionistas extranjeros y asfixiará el presupuesto público, limitando la capacidad operativa del Gobierno Central para los próximos años.
Inflexibilidad del gasto primario y presiones automáticas del presupuesto
La estructura del Presupuesto General de la Nación enfrenta una severa rigidez debido a que el incremento del gasto primario observado entre 2019 y 2025 estuvo concentrado casi en su totalidad en el rubro de transferencias e inversión.
El reporte detalla que las transferencias absorbieron 3,0 puntos adicionales del PIB, impulsadas por los compromisos del Sistema General de Participaciones, la salud, las pensiones y el déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Para mitigar el impacto fiscal del subsidio a los hidrocarburos, los expertos recomiendan implementar una fórmula automática para los precios locales de la gasolina y el diésel.
Las proyecciones para la década comprendida entre 2026 y 2036 anticipan presiones automáticas de gasto equivalentes a 2,9 puntos del PIB solo para cubrir las obligaciones de Colpensiones, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las asignaciones de retiro de las fuerzas militares.
A este panorama se suma el riesgo derivado del Acto Legislativo 03 de 2024 que reformó el Sistema General de Participaciones, el cual inyectaría una presión extra de casi 2 puntos del PIB en diez años si la ley de competencias no asegura un traslado equitativo de responsabilidades desde la Nación hacia las regiones.
Para evitar el escenario de impago en 2028, la Mesa Fiscal planteó modificaciones profundas al Estatuto Tributario, criticando que, a pesar de aprobar múltiples reformas tributarias en la última década, el recaudo no sube de manera permanente.
El informe destaca que el impuesto de renta de personas naturales cuenta con una base de declarantes de apenas el 8% de los trabajadores, debido a que el umbral de cobro arranca en tres veces el salario promedio. Ante esta baja tributación, los académicos sugieren ampliar con urgencia dicha base y evaluar alternativas legales para gravar las pensiones de los regímenes previsionales altos.
En materia de IVA, el diagnóstico sectorial recomienda desmantelar de manera gradual las exclusiones y las tarifas diferenciadas que generan un gasto tributario del 5,6% del PIB, proponiendo la consolidación de un Registro Único de Ingresos para efectuar devoluciones personalizadas efectivas a los hogares vulnerables.
Finalmente, para las empresas se aconseja reducir la tarifa nominal de renta, que figura como una de las más altas de la OCDE, pero condicionando este alivio a la eliminación drástica de los beneficios tributarios sectoriales y atacando frontalmente la evasión corporativa, una fuga que el documento calcula en un masivo 5,7% del PIB.
La debilidad institucional del país también fue objeto de reparos por parte de los analistas, quienes cuestionaron la práctica de radicar proyectos de presupuesto en el Congreso de la República sin tener los ingresos previamente asegurados.
Los expertos enfatizaron la necesidad de tramitar una reforma al Estatuto Orgánico de Presupuesto para alejar el fantasma de la “dictadura fiscal”, un escenario donde las discrepancias entre el Legislativo y el Ejecutivo otorgan facultades extraordinarias al Gobierno para expedir las cuentas por decreto. Adicionalmente, el bloque lamentó la parálisis de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso, que sigue sin operar por vacíos de precisión legal.
Artículo basado en información de fedesarrollo.org.co
