Si no consigue más presupuesto de aquí a octubre, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), organismo que se encarga de monitorear las finanzas públicas del país, tendrá que dejar de operar. Así lo alerta Juan Carlos Ramírez, presidente de la entidad, quien confía en que se logre solucionar esta situación con este o con el próximo gobierno. Además, habla sobre los problemas de déficit y deuda que atraviesa Colombia.
¿Por qué podría llegar a dejar de operar la entidad en los próximos meses?
Porque el presupuesto para el 2026 que nos asignó el Ministerio de Hacienda es insuficiente para seguir funcionando más allá de octubre. Solo nos llega para 10 meses. Lo apropiado fue de 2.230 millones de pesos, lo que representa una caída de 3,3 por ciento en términos nominales respecto al 2025. Se trata de un presupuesto realmente bajo. Esta situación genera un ambiente de trabajo no favorable para los trabajadores, los cuales están a la expectativa.
¿Qué implicaciones tendría esa situación?
Esperamos que este problema se pueda solucionar en el transcurso del año, ojalá dentro de este mismo gobierno, o sino durante el próximo. De lo contrario, no podríamos operar durante los últimos dos meses del 2026 y se pondrían en riesgo nuestras funciones legales. La ley nos obliga a dar unos conceptos alrededor del presupuesto, el marco fiscal de mediano plazo y el plan financiero, entre otros. Está en riesgo la continuidad del análisis de la situación fiscal del país.
¿Qué les ha dicho el Ministerio de Hacienda?
Presentamos las comunicaciones correspondientes para pedir más recursos. Sin embargo, la respuesta fue que no tienen suficientes. No estamos pidiendo nada en exceso, incluso en este momento sería razonable simplemente mantenerlo en términos reales. Sabemos que el Ministerio incrementó su presupuesto entre el 2025 y el 2026 en un 9 por ciento mientras que el nuestro fue reducido. Por tanto, no hemos recibido un trato justo y además nos encontramos en una paradoja aburrida, la de que alguien que está mirando el gasto público tenga que estar pidiendo plata.
¿Tienen las esperanzas puestas en el próximo gobierno?
El Ministerio de Hacienda actual está en la capacidad de hacer los ajustes necesarios en el presupuesto. Quisiéramos que todo se solucionara ahora por la vía de la buena comprensión administrativa del Gobierno. No obstante, normalmente los nuevos gobiernos cuando ingresan hacen un primer ajuste, por lo que ahí habría otra posibilidad.
¿Y cuáles son los mayores riesgos fiscales que están viendo en este momento?
El país ha ido acumulando una serie de riesgos fiscales de carácter estructural. Si bien los recursos del Gobierno vienen siendo insuficientes a través del tiempo, esta circunstancia se ha visto agravada por un mayor déficit primario, lo que quiere decir que los gastos son mayores que los ingresos en forma estructural permanente. Cada año el Gobierno está teniendo que acudir a más endeudamiento y la trayectoria de la deuda pública se vuelve insostenible.
Para tener un equilibrio a mediano plazo, se debe buscar un balance primario neutro, es decir, que por lo menos los ingresos alcancen para sufragar los gastos corrientes y que no tengamos que endeudarnos más y más para pagar los intereses. Estamos haciendo lo que normalmente llamamos jinetear las tarjetas de crédito, es decir, buscar crédito para pagar más crédito. No es una situación ideal ni sostenible y más cuando no estamos en un escenario de crisis.
¿El CARF no ve con buenos ojos esos mayores intereses que está teniendo que pagar el Gobierno por la deuda?
Está teniendo que pagar unas altas tasas porque el mercado que financia su endeudamiento encuentra más riesgos, lo que genera problemas fiscales a mediano plazo. Unos intereses que tradicionalmente han sido de 5, 6, 7 u 8 por ciento, hoy están en 13. Cada vez hay más recursos públicos que se están destinando al pago de intereses y no pueden ir para gastos ordinarios de administración, seguridad, temas sociales o inversión pública, entre otros.
¿Cuánto debería recortar el gobierno para tener unas finanzas saludables?
Para lograr las metas del 2026, el ajuste debería ser de alrededor de 30 billones de pesos, lo que representa entre 1,2 y 1,4 por ciento del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, a mediano plazo el recorte debería llegar a alrededor de 4 puntos. En la historia reciente del país el ajuste más severo en promedio que hemos conocido es de alrededor de un 1 del PIB por año, lo que equivale a unos 18 billones de pesos. También es importante que esos programas sean razonables y creíbles.
Ustedes hablan de un “desbordado” incremento del gasto público. ¿Cómo le afecta al país?
Sí, los países de la región tuvimos una crisis fiscal en razón de la pandemia del covid-19. No obstante, ya todos han reducido ese desbalance primario, la diferencia entre ingresos y gastos en los últimos tres años, y Colombia es el único que sin una crisis extraordinaria no lo ha disminuido. La tendencia no es buena.
¿Y el crecimiento va por buen camino?
Nuestra tasa de crecimiento esperada, lo que llamamos técnicamente el PIB potencial, se encuentra en alrededor de 2,6 por ciento. De modo que este año estamos creciendo sobre ello. Sin embargo, se necesitan políticas públicas que nos impulsen por encima de ese nivel y, para ello, es necesario que crezca la inversión.
¿Cómo están viendo la subida de las tasas de interés y la controversia entre el Gobierno y Banco de la República?
Ese es un espacio de opinión conflictivo que no nos corresponde. Lo que vemos es que la perspectiva que tiene el Banco de la República es de mediano plazo y ve presiones sobre la inflación que está tratando de contener. Obviamente, un aumento en las tasas significa un enfriamiento de la economía que no es per se deseable, pero la inflación a la larga tampoco lo sería.
¿Cuál cree que podría ser el impacto de un conflicto alargado en Oriente Medio?
Tiene implicaciones duales. Obviamente frena los procesos de comercio internacional, del cual se beneficia Colombia. No obstante, en términos de las finanzas públicas paradójicamente puede tener un efecto favorable porque al subir los precios del petróleo mejoran las condiciones financieras de Ecopetrol, una de las principales fuentes de recursos públicos. Es algo que no depende de decisiones políticas colombianas.
Artículo basado en información de eltiempo.com
