Colombia necesita volver a crecer entre 5% y 7% si quiere cerrar las brechas de empleo, productividad e infraestructura que arrastra desde hace una década.
Ese crecimiento no se decreta: se construye con reglas estables, capital paciente y un Estado que respete los límites de su propio poder.
Ayer, el mismo día en que el Consejo Nacional Electoral declaró presidente electo a Abelardo De La Espriella, J.P. Morgan presentó una tesis optimista sobre su gobierno entrante.
La pregunta es qué tan rápido puede el nuevo mandatario despejar lo que ya tiene en el escritorio. El banco bautizó su lectura T.I.G.R.E.: comercio, inversión, crecimiento, ajuste fiscal y seguridad. Identifica motores reales, desde la reapertura de contratos de exploración de petróleo y gas hasta la formación técnica en inteligencia artificial.
Pero el propio acrónimo delata el orden de prioridades: nada de eso rinde si el ajuste fiscal no se resuelve primero, y hoy está atrapado en una maraña de decretos de emergencia que el gobierno saliente dejó sin resolver.
En paralelo, la Corte Constitucional avaló con condiciones el Decreto 150 de 2026, que declaró la emergencia económica por la ola invernal. Lo limitó a 181 municipios, le quitó las facultades sobre la crisis de empresas eléctricas y sobre la Agencia de Tierras, y ordenó a Hacienda recalcular el costo real de la emergencia.
Es la cuarta vez que este Gobierno usa poderes de excepción para tocar impuestos, según el Consejo Gremial, y dos paquetes anteriores ya fueron declarados inexequibles, con orden de devolver lo recaudado.
Lo que sigue sin resolver es justamente lo que más le importa al empresariado: el Decreto 173, que creó un impuesto al patrimonio de 0,5% para 15.000 empresas y de 1,6% para el sector financiero y extractivo, que busca recaudar $8,3 billones.
La Dian apenas ha recogido el 29% de esa meta, porque muchas compañías redujeron legalmente su exposición a un tributo que los expertos dan por condenado.
Tributaristas advierten que su superposición con el impuesto de renta puede llevar la carga fiscal efectiva a cerca del 90%. Mientras tanto, la inversión extranjera cayó 21% en el primer bimestre, su peor arranque en cuatro años, y Corficolombiana ubicó a Colombia en el último lugar regional en atracción de capital. S&P y Fitch ya bajaron la calificación soberana a BB con perspectiva negativa.
Ese es el verdadero costo de la indecisión: no son los $8,3 billones que el Gobierno necesitaba, sino la prima de riesgo que cada empresa le suma hoy a cualquier decisión de invertir en el país.
Ninguna matriz de riesgo corporativo medía antes la posibilidad de que un decreto presidencial confiscara, de un plumazo, una porción del patrimonio acumulado. Ahora sí la mide, y ese cálculo no desaparece con un cambio de gobierno.
La tesis T.I.G.R.E. es una hoja de ruta atractiva, pero el primer paso de De La Espriella no será anunciar reformas nuevas, sino cerrar el inventario de decretos a medio fallar que recibe el 7 de agosto: el 173 sin sentencia, el costo de la emergencia sin recalcular, la confianza empresarial sin reconstruir.
Restablecer esa frontera entre lo extraordinario y lo estructural no es un gesto simbólico: es la condición mínima para que cualquiera de los cinco motores de la tesis funcione.
Nunca sabremos el costo exacto de la inversión que no llegó o del crecimiento que se quedó en el papel mientras los decretos se acumulaban.
Esos costos no aparecen en un titular ni en una cifra del Dane: se acumulan, silenciosos, en decisiones que mil empresas toman en otro país. Esa acumulación invisible es la que termina hundiendo economías enteras, y de eso hay evidencia de sobra.
JAIME PUMAREJO HEINS
Artículo basado en información de portafolio.co
