Con unas finanzas públicas nacionales cada vez más restringidas, el crecimiento económico de Colombia dependerá en mayor medida de la capacidad de las regiones para transformar recursos en proyectos de inversión.
Esa es una de las principales conclusiones deCorficolombiana, que advierte que departamentos y municipios cuentan con diversas fuentes de financiación para impulsar su desarrollo, pero enfrentan rezagos en ejecución y capacidades institucionales que limitan el impacto de esos recursos sobre la actividad económica.
El análisis plantea que uno de los principales desafíos para el próximo Gobierno será acelerar el crecimiento del país en un contexto en el que el margen de maniobra del Gobierno Nacional es cada vez más estrecho. Con las finanzas públicas “al filo del precipicio”, la posibilidad de dinamizar la economía mediante una mayor inversión desde el nivel central pierde fuerza, lo que convierte a las entidades territoriales en actores fundamentales para sostener la recuperación y promover nuevos proyectos de infraestructura y desarrollo.
En ese escenario, el documento sostiene que el comportamiento económico de las regiones durante 2025 dejó una lección relevante. Aunque la mayoría de los departamentos registró crecimiento, la recuperación avanzó a diferentes velocidades y evidenció que las condiciones macroeconómicas no son el único factor que explica el desempeño territorial. La capacidad para ejecutar proyectos, movilizar recursos y aprovechar los instrumentos de financiación disponibles también marcó diferencias entre unas regiones y otras.
El informe señala que las entidades territoriales disponen de múltiples mecanismos para financiar proyectos de infraestructura, desarrollo económico y provisión de bienes públicos. Entre ellos figuran los ingresos propios derivados de impuestos territoriales, las transferencias del Sistema General de Participaciones, los recursos del Sistema General de Regalías, los ingresos de capital, el mecanismo de Obras por Impuestos y el acceso al crédito público. Sin embargo, contar con estas herramientas no garantiza por sí mismo una mayor inversión.
Precisamente, el documento sostiene que el principal cuello de botella no radica en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad para convertirlos oportunamente en proyectos que impulsen el crecimiento económico.
“Las diferencias observadas entre entidades territoriales sugieren que el principal desafío no es la disponibilidad de recursos, sino la capacidad para transformarlos en proyectos que impulsen el crecimiento económico”, señala el editorial.
Uno de los factores que explica esta situación es la elevada dependencia de buena parte de los departamentos respecto de las transferencias provenientes del Gobierno Nacional. Los cálculos presentados muestran que, en promedio, los ingresos tributarios representan apenas el 24% de los ingresos corrientes de los departamentos, mientras que las transferencias explican el 68%. Esta estructura limita la autonomía fiscal y reduce la capacidad de los gobiernos subnacionales para impulsar estrategias propias de inversión.
A ello se suma un deterioro en el recaudo territorial. Según el documento, el Monitor de Desarrollo Territorial de Arteaga Latamencontró que cuatro de cada diez municipios registraron una caída en el recaudo del impuesto predial y de la sobretasa ambiental entre 2015 y 2024. Esta tendencia restringe aún más la generación de recursos propios para financiar proyectos estratégicos y fortalecer la inversión regional.
Las dificultades no terminan allí. El análisis también cita información del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, según la cual una parte importante de los ingresos de capital reportados por las entidades territoriales corresponde a recursos trasladados desde vigencias anteriores debido a problemas en la ejecución presupuestal. En consecuencia, el problema no siempre es la ausencia de financiación, sino la imposibilidad de convertir esos recursos disponibles en inversión efectiva dentro de los tiempos previstos.
Bogotá demuestra cómo la inversión puede acelerar el crecimiento económico
Aunque el panorama nacional muestra importantes diferencias entre regiones, el editorial identifica a Bogotá como el principal ejemplo de cómo la inversión pública puede convertirse en un motor de crecimiento cuando existe capacidad institucional para ejecutar proyectos de gran escala. Durante 2025 la capital creció 3,5%, superando el promedio nacional de 2,6%, y explicó cerca del 40% de la expansión económica del país gracias a que representa aproximadamente el 26% del PIB colombiano.
La construcción fue uno de los sectores que mejor ilustró ese comportamiento. Mientras el valor agregado de esta actividad cayó 2,7% a nivel nacional, en Bogotá aumentó 4,9%. El documento resalta que, sin el aporte de la capital, la contracción nacional habría alcanzado 4,7%. Este resultado estuvo respaldado tanto por el crecimiento de la actividad edificadora como por la continuidad de importantes proyectos de infraestructura urbana.
Los programas distritales Oferta Preferente, Reactiva tu Compra, Ahorro para mi Casa y Mejora tu Casa contribuyeron a sostener el dinamismo del segmento edificador. Paralelamente, las obras civiles continuaron impulsadas por proyectos como la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuya ejecución pasó del 46% en 2024 al 70% en 2025 y alcanzó el 80% a junio de 2026. También avanzaron la extensión de la Troncal Caracas y las intervenciones sobre la Avenida Ciudad de Cali y la Carrera 68 para TransMilenio.
Detrás de esos resultados, el informe identifica un elemento determinante: la estrategia de financiación. Bogotá incrementó su deuda pública desde 1,9% del PIB en 2021 hasta 3,1% en 2026 para acelerar la inversión, aunque el documento sostiene que este aumento se mantiene dentro de parámetros compatibles con la sostenibilidad fiscal. La experiencia de la ciudad muestra que el acceso a distintas fuentes de financiación puede traducirse en crecimiento cuando existe capacidad para ejecutar los recursos.
El reto para la descentralización está en fortalecer las capacidades institucionales
El análisis también examina el margen que todavía tienen las entidades territoriales para ampliar sus inversiones mediante crédito público. La Ley 2155 de 2021 elevó los límites de endeudamiento de departamentos y municipios, y los cálculos del documento muestran que la mayoría aún se encuentra lejos de esos umbrales. Sin embargo, pocas administraciones han logrado aprovechar este instrumento para financiar proyectos estratégicos de gran impacto.
De hecho, más del 60% del saldo de la deuda territorial en 2025 se concentra en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Antioquia y Cundinamarca. Una situación similar ocurre con el financiamiento proveniente de organismos multilaterales, donde apenas cuatro entidades territoriales mantienen operaciones activas. Según el documento, esta concentración refleja diferencias en la capacidad técnica para estructurar proyectos y acceder a esquemas de financiación más complejos.
El editorial sostiene que la verdadera brecha entre las regiones está en sus capacidades institucionales. Estas abarcan las competencias técnicas, administrativas, financieras y de gobernanza necesarias para formular, estructurar, contratar, financiar y ejecutar proyectos de inversión de manera eficiente. En la práctica, son esas capacidades las que determinan si las regalías, las transferencias o el crédito público terminan convirtiéndose en infraestructura, servicios públicos y crecimiento económico.
Los indicadores presentados respaldan esa conclusión. El Índice de Desempeño Fiscal Departamental muestra que 27 de los 32 departamentos obtienen menos de 60 puntos sobre 100, mientras que el Índice de Desempeño Institucional de Función Pública evidencia que cerca de la mitad de los municipios registra un desempeño institucional bajo o deficiente. Estas cifras explican buena parte de las diferencias observadas en la ejecución de proyectos y en el aprovechamiento de las herramientas de financiación.
Finalmente, el documento advierte que esta discusión cobra mayor importancia con la reforma al Sistema General de Participaciones, que busca profundizar la descentralización aumentando la participación de las entidades territoriales en los ingresos corrientes de la Nación.No obstante, considera que avanzar rápidamente en este proceso podría resultar prematuro si antes no se fortalecen las capacidades técnicas y administrativas de los gobiernos subnacionales y se garantiza que las nuevas competencias sean consistentes con los recursos asignados.
Como conclusión, el editorial sostiene que el crecimiento económico regional dependerá tanto de la disponibilidad de recursos como de la capacidad para administrarlos de manera eficiente. En un escenario de restricciones fiscales nacionales, la prioridad no será únicamente ampliar las fuentes de financiación para departamentos y municipios, sino fortalecer las instituciones encargadas de transformar esos recursos en proyectos de infraestructura, inversión pública y desarrollo económico sostenible.
LEIDY JULIETH RUIZ CLAVIJO
Artículo basado en información de portafolio.co
